A pesar de la violencia y la intimidación, los
maestros de Colombia han sido un baluarte de los derechos de los trabajadores.
Por Bob Peterson
El martes, 25 de agosto de 1987 comenzó como
cualquier otro día para Luis Felipe Vélez, presidente del sindicato de docentes
del departamento de Antioquia, Colombia, el estado más poblado. Poco después de
las 7 AM Vélez se despidió de su esposa y sus tres hijos menores y se dirigió a
la oficina del sindicato en el centro de la ciudad de Medellín.
Cuando Vélez, de treinta y tres años, estaba a punto
de entrar en el modesto edificio de ladrillos de adobe, dos asesinos saltaron
de un Mazda 626 verde y abrieron fuego, acribillando su cuerpo a balazos. Vélez
murió dos horas después.
La voz se extendió rápidamente entre los activistas
de los derechos humanos, profesores y compañeros del Vélez en la Asociación de
Institutores de Antioquia, y alrededor de las 5 PM ya se había reunido una gran
multitud en la oficina del sindicato para una vigilia.
Entre la multitud estaban Héctor Abad Gómez y
Leonardo Betancur, dos conocidos líderes de los derechos humanos. Cuando Gómez
y Betancur enteraron en la oficina del sindicato, dos hombres saltaron de una
motocicleta y caminaron hacia la multitud. Uno le disparó a Gómez seis veces; el
otro persiguió a Betancur hasta la oficina y lo mató.
Fue un día sangriento en un período sangriento.
Durante los años ochenta y noventa, los asesinatos eran una realidad cotidiana
para los activistas de los derechos humanos y sindicales en Colombia pero la
violencia, aunque en decadencia, continúa hasta el día de hoy.
Según la Escuela Nacional Sindicato de Colombia
(ENS), más de 1.000 dirigentes del sindicato de docentes fueron asesinados
entre 1977 y 2014 – el equivalente de 7.000 dirigentes del sindicato de
docentes fueron asesinados en los Estados Unidos. La ENS también ha documentado
más de 14.000 incidentes de violencia contra activistas laborales, que van
desde asesinatos a palizas, secuestros y torturas. Los autores sólo han sido
llevados ante la justicia en un porcentaje de los casos.
Esta campaña de intimidación y asesinato (en
combinación con la reestructuración neoliberal) ha hecho un estrago en el
movimiento laboral de Colombia. La densidad sindical es del 4,4 por ciento de
la fuerza de trabajo nacional hoy, por debajo del 17% de hace tres décadas.
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| Photo credit: Barbara J. Miner |
A medida que el movimiento se ha encogido, los educadores
públicos se han vuelto cada vez más importante. Los maestros en Colombia
actualmente representan alrededor de la mitad de los miembros de la Central
Unitaria de Trabajadores de Colombia, la federación principal de sindicatos.
Ellos tienen algo más en común con los sindicalistas
magisteriales de los EE.UU.: están luchando contra las reformas neoliberales
con uñas y dientes.
Líneas del
frente mundial
Este diciembre pasado, durante una larga visita a
Colombia para estudiar español y aprender acerca de la situación en el país, yo
entré en la misma oficina del sindicato de maestros donde Vélez fue asesinado.
En las paredes cuelgan retratos de Vélez y de sesenta y seis otros dirigentes
del sindicato de docentes en Antioquia que fueron asesinados desde 1977. Encima
de las fotos, un cartel de madera dice: ¡Aquí estamos y aquí estaremos siempre,
en el fragor de la lucha! Por la defensa de los derechos humanos.”
Ver las decenas de retratos de maestros asesinados
fue escalofriante, un contraste marcado con las placas de felicitación que
adornan las paredes de la entrada de la oficina en mi propio sindicato, la
Asociación de Maestros y Educadores de Milwaukee.
Yo estaba consciente del peligro que enfrentan los
activistas de los sindicatos en el sector privado en Colombia – especialmente
aquellos que se organizan en contra de empresas multinacionales de caña de
azúcar, banano y las empresas mineras – pero las imágenes resaltaron la
importancia de los trabajadores del sector público en la lucha por la justicia
y los derechos humanos en Colombia. Las elites en el país les habían mandado a
acribillar para intentar debilitar la resistencia popular.
Aunque la situación fuera de Colombia es menos
peligrosa, los sindicalistas del sector público de todo el mundo han surgido
como un baluarte contra los esfuerzos para diezmar los servicios públicos.
Desde Chicago a Colombia, los maestros han aprovechado su posición en la
sociedad para luchar en contra de la privatización y la falta de inversión que
los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales están impulsando.
Los maestros y las escuelas están en casi cada
pueblo y ciudad en el mundo. Los maestros urbanos y rurales están en contacto
diario con las comunidades oprimidas y marginadas y a pesar de los ataques
antisindicales y la creciente privatización, los sindicatos de docentes siguen siendo
los más grandes del mundo. (En los Estados Unidos, la Asociación Nacional de
Educación y la Federación Americana de Maestros tienen cerca de 4,5 millones de
miembros, haciendo que la educación pública K-12 sea uno de los sectores más
sindicalizados).
La Internacional de la Educación, la federación
mundial de sindicatos de docentes, ha lanzado una campaña internacional contra
la mercantilización y la privatización de la educación, pero se necesita mucho
más.
Para tener éxito, los sindicatos de docentes deben llevar
nuestra lucha más allá de la puerta de la escuela y luchar por algo más que los
derechos de nuestros miembros. Debemos luchar por una democracia más verdadera,
una justicia social más amplia.
Los docentes colombianos, muchos de los cuales han
dado sus vidas, están en la primera línea de esta lucha.
La cultura del
miedo
Aunque separados por miles de kilómetros, mis
conversaciones con los maestros y activistas sindicales en Colombia resaltaron la
similitud de nuestras luchas.
Los profesores de Colombia y EE.UU. por igual
lamentan el creciente énfasis en las pruebas estandarizadas, la tendencia a
culpar a los profesores por no resolver los problemas creados por la pobreza
generalizada, los comandos jerárquicos que devalúan la docencia como una
profesión y el estrechamiento de los planes de estudios, que prácticamente
elimina los asuntos importantes, tales como la justicia social y el pensamiento
crítico. Se oponen a las reformas institucionales que favorecen las escuelas
privadas y recortan los fondos para escuelas públicas, reformas que, en el
fondo, representan un ataque a los derechos democráticos.
“Estamos luchando contra la privatización de
nuestras escuelas públicas,” dijo John Avila, un ex-profesor de estudios
sociales y actual director de investigación de la Federación Colombiana de
Educadores (FECODE), en Bogotá. “La agenda neoliberal . . . es fuerte en
Colombia.”
La primavera pasada, la Federación encabezó una
huelga nacional de 15 días que se centró en dos asuntos, la escasa remuneración
y un nuevo sistema de evaluación docente que constaba de una única prueba
escrita.
El sindicato hizo progresos en ambas, obteniendo un
12 por ciento de aumento de sueldo durante tres años y un sistema de evaluación
más sofisticado que no incluye una prueba escrita.
De hecho, a pesar de la violencia y una cultura del
miedo, a pesar de los límites de la organización, a pesar de la prohibición de
las “agency shop” (acuerdos mediante los cuales los empleados de las unidades
de negociación pagaban cuotas de sindicato),
los educadores colombianos han persistido – aproximadamente el 70 por ciento de
los profesores del país son miembros del sindicato.
La guerra civil
más larga de la historia moderna
A fin de comprender plenamente los desafíos y
posibilidades que enfrentan los sindicatos de docentes en Colombia, un poco de
historia es necesaria. La guerra civil se remonta a la década de 1960 y es
considerada la más larga lucha en el mundo contemporáneo. Un problema central
era la tenencia de la tierra, los terratenientes y las multinacionales confiscaban
las tierras para la minería y las plantaciones de banano y aceite de palma. Otro
asunto era la de un sistema político cerrado – la oligarquía gobernante y sus
dos partidos políticos habían formado un frente nacional en la década de 1950
que previno eficazmente a los medios jurídicos de desafiar sus políticas.
En la década de 1980, el narcotráfico escaló en
Colombia, complicando aún más la política del país y desencadenando un nivel de
violencia sin precedente. Esta situación se vuelve más problemática cuando
ambos grupos paramilitares y
guerrilleros de izquierda empezaron a utilizar el tráfico de drogas para
financiar sus operaciones.
Los Estados Unidos, entretanto, combinó su guerra
contra las drogas con su cruzada contra los movimientos de izquierda en América
Latina. El punto culminante fue en 1999, cuando el Presidente Bill Clinton y el
presidente colombiano Andrés Pastrana firmaron el “Plan Colombia” para combatir
el tráfico de drogas y el terrorismo en Colombia. Del 2000 al 2008, el Congreso
de EE.UU. proporcionó más de $6 mil millones de dólares a Colombia, lo que la
convierte en la mayor receptora de asistencia militar estadounidense fuera del Medio
Oriente. Nunca ha sido claro lo que se destinó a la lucha contra las drogas y cuánto
a la lucha contra las guerrillas de izquierda. Como el MIT Centro para las Relaciones
Internacionales señaló en 2008, “Una estrategia antidrogas que se ha convertido
en una lucha contra la insurrección.”
La
guerra contra las drogas y la contrainsurgencia ha fracasado. Colombia sigue
siendo el principal productor mundial de cocaína y el gobierno ha sido incapaz
de derrotar a la guerrilla izquierdista. Después de décadas de violencia, hay
un anhelo de paz en Colombia.
El acuerdo de paz pendiente entre el gobierno
colombiano y las guerrillas izquierdistas está aumentando las esperanzas de que
los sindicatos de docentes serán capaces de traer aún más gente a sus filas.
Como Carlos Lotero – veterano líder laborista y ahora el director general de la
Escuela Nacional Sindical – dijo: “Es mucho más fácil organizarse para los
derechos de los trabajadores si los líderes no son asesinados rutinariamente.”
Hace dos décadas, las conversaciones de paz entre el
gobierno y la guerrilla resultaron en la formación de la Unión Patriótica, un
partido político de izquierda. Pero tanto la Unión Patriótica y el proceso de
paz fracasaron cuando la oligarquía gobernante y los paramilitares iniciaron
una campaña en contra de la naciente partido. Según la Casa de la Memoria en
Medellín, cerca de cinco mil miembros del nuevo partido “fueron asesinados,
desaparecidos o masacrados” entre 1984 y 1997.
Hoy, el proceso de paz goza de un apoyo más amplio y
está atrayendo más atención internacional. Las negociaciones comenzaron en 2012
en La Habana, Cuba, y un pacto provisional fue anunciado en septiembre de 2015.
El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
continúan avanzando sobre los detalles de un acuerdo de paz definitivo, aunque
no completaron el acuerdo para la fecha esperada del 23 de marzo. Su intención
es tener pronto un acuerdo, seguido de un referéndum en octubre.
La
perseverancia
Como el proceso de paz en Colombia avanza, los
sindicatos han elaborado un programa amplio para luchar por los derechos de los
trabajadores y debido a la continua participación de Washington en el país,
dicen activistas sindicales colombianos, la solidaridad de nosotros, los
progresistas y los sindicatos, es esencial.
Lotero habló, en concreto, sobre las estipulaciones del
acuerdo de libre comercio entre los EE.UU.-Colombia, que fue firmado en 2011.
Debido a la presión de los movimientos laborales de Colombia y los EE.UU., el
pacto incluye un plan de acción laboral destinado a salvaguardar los derechos
de los trabajadores. Ahora los sindicatos colombianos están luchando para
asegurarse de que las palabras sean puestas en práctica.
Las estipulaciones del Plan de Acción de trabajo
incluyen: el establecimiento de un ministerio de trabajo, acabando la
subcontratación diseñada para impedir la sindicalización, la apertura de una
oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia, y el cambio
de los códigos legales para expandir y hacer cumplir las leyes laborales
básicas.
El plan también prevé medidas para enjuiciar a los
autores de violencia contra trabajadores y aumentar la protección de los
activistas, incluidos los fondos del gobierno para guardaespaldas y carros
blindados. La intimidación es una preocupación constante. Según el Departamento
de Trabajo de Estados Unidos, “las amenazas contra dirigentes sindicales y
activistas han aumentado significativamente, en forma de mensajes de texto,
llamadas telefónicas, cartas, correos electrónicos y otras formas.”
Hablar
con los maestros y dirigentes sindicales en Colombia, me sorprendió por su
perseverancia, la persistencia analizadas en un libro que todos los activistas
sindicales en Medellín parecen haber leído: Tirándole
libros a las balas. El libro relata la historia de violencia contra los
docentes en Antioquia desde 1978 hasta 2008.
Fernando Ospina, presidente del sindicato de
profesores de Antioquia, explicó el significado del título. “Los sindicatos de
docentes han sido el blanco de la violencia y las balas,” dijo Ospina. “Nuestra
respuesta ha sido con la educación, la investigación social y la justicia
social. Disparan balas. Tiramos libros.”
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Una versión de este ensayo fue publicada en la
revista “Jacobin” April 6, 2016. https://www.jacobinmag.com/2016/04/colombia-farc-teachers-assassination-public-sector/
